Justificación de la intervención
Los menores infractores son el sector de la población de entre 12 y 18 años que ha cometido conductas identificadas como “delito” según el código penal. A lo largo de la historia de la justicia, ha habido distintas reflexiones acerca de qué hacer con estos jóvenes, que aún no alcanzan la edad de adultez legal y, por tanto, no pueden ser tratados como tal desde el marco legal, pero que han de entender lo nocivo de su conducta y proceder a la modificación de la misma.
Las
instituciones jurídicas y políticas han pasado por diferentes estadios en lo
referente a la consideración del menor infractor, tomándole por enfermo en un
principio, bajo el modelo tutelar (siglos XVI-XVII), para luego pasar al modelo
de justicia, menos paternalista y más neoliberal, que busca la defensa de la
sociedad por encima de todo y, por ende, escoge el control policial y judicial de
forma prioritaria a la reeducación del infractor, escudándose bajo el argumento
de la peligrosidad social.
Bajo este marco institucional y en
vista a la clara necesidad de intervención desde una perspectiva educativa y
reparadora, aparece la ley 05/2000 que deshecha el tutelaje y la concepción de
“enfermo” de la que antiguamente se dotaba al infractor, para pasar a
responsabilizarlo, reforzando así la importancia que tiene la prevención sobre
los futuros delitos del individuo, y considerándola un elemento esencial de la
defensa social y un derecho del menor. La ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de menores incide en la naturaleza educativa de la
justicia juvenil para que la finalidad del proceso sea la resocialización y
reinserción del menor; asimismo, también se centra en el control social a causa
de la naturaleza reparadora bajo la que debe entenderse la intervención.
Por una cuestión de mitos, creencias
y mala gestión pedagógica por parte de políticos y medios de comunicación, este
“nuevo” afrontamiento que toma la justicia juvenil no ha sido del todo bien
recibido por parte del pueblo, cuya demanda suele inclinarse hacia métodos que
impliquen más “mano dura” y menos comprensión psicopedagógica – existe un claro
desinterés social por los factores históricos de la etiología psicosocial de
los actos delictivos del colectivo de menores infractores (Mampaso, Pérez, et al., 2014).
A coalición
de lo ya explicado, resulta relevante considerar cómo funciona la conducta
delictiva para poder tratar con ella y redirigirla y, para hacerlo, cabe conocer
cuáles son los factores de riesgo y de protección en menores infractores. Así,
las intervenciones que se realicen resultarán mucho más útiles y directas.
De esta
manera, Berkowitz (1996) define factor de riesgo como una condición que aumenta
la probabilidad de acciones agresivas o delitos, pero que no necesariamente las
produce. Es decir, eventos previos a la conducta delictiva que predicen la
evolución y el resultado. Éstos solo resultan predictivos si aparecen en forma
de constelaciones – un sólo factor necesita la complementación de más factores para
ser influyente. (Redondo, Illescas, 2008).
Redondo
(2008) sugiere la diferenciación entre tres tipos de factores de riesgo (según
el modelo del triple riesgo delictivo –TRD–):
factores de riesgo del tipo personal, en el apoyo social recibido y
situacionales. Los primeros albergan aspectos genéticos, de personalidad,
conductuales, relacionados con el modo de pensar y sentir de los jóvenes…; los sociales
engloban las carencias de los jóvenes en los cuatro sectores del día a día:
barrio, familia, escuela y amigos. Finalmente, los factores situacionales incluyen aspectos
ambientales que favorecen la aparición de oportunidades para delinquir. Así,
atendiendo al tipo de factor de riesgo, será adecuado una intervención específica
y diferente a la que se utilizaría de tratarse de otro factor de riesgo
distinto. Por ejemplo, si hablamos de un factor de riesgo personal, lo que más
convendría sería desarrollar una intervención del tipo educativa o de
tratamiento directo con el individuo. A nivel teórico, aunque explicadas por
muchas corrientes, las carreras delictivas juveniles se entienden muy bien según
la teoría del aprendizaje social, (interacción dinámica entre factores conductuales,
emocionales y cognitivos). Esta teoría concreta cómo se inician y mantienen los
comportamientos delictivos en la juventud, además de mostrar una alternativa
sobre cómo enseñar a los menores infractores otro tipo de
comportamientos.
Por su
lado, Berkowitz también habla de los factores de protección, y los define como
factores individuales o ambientales que inhiben, reducen o atenúan la
probabilidad del ejercicio y mantenimiento de la conducta problemática.
A la hora
de planear una intervención, lo interesante sería trabajar de manera integral,
buscando atender a los factores de riesgo y reducirlos, así como, a la par, fomentar
los factores de protección.
Aunque
sea extenso el número de estudios llevados a cabo, estos no terminan de
considerarse concluyentes, y por ello es necesario el desarrollo de un mayor número
de intervenciones. Sin embargo, sí que arrojan datos, no menos relevantes por
generales, acerca de la problemática. Atendiendo a los mismos, podrían llevarse
a cabo múltiples medidas útiles en materia de prevención, reeducación y
reinserción. Estos estudios han confirmado datos tan importantes como que la
mayor parte de la delincuencia de la infancia y la adolescencia es episódica
(Huizinga, Loeber, Thornberry y Cothern, 2000); asimismo, se sabe que a más
grave es el delito cometido y menor la edad del infractor, mayor es la
probabilidad de que éste se convierta en habitual (Loeber y Farrington, 2000).
Además, la mayoría delincuentes multirreincidentes iniciaron su carrera
criminal en la infancia y en la adolescencia (Vásquez y González, 2013). Es
bajo este marco que se vuelven especialmente relevantes los elementos claves
del debate acerca de menores infractores: la prevención, la reeducación y la
resocialización del menor.
Una vez
asumida la necesidad de intervenciones, cabe redefinir el modo de aplicación de
las mismas. El asunto de la prevención y tratamiento de conductas antisociales
ha atravesado varias facetas, comenzando por el pesimismo de los 70 y derivando
en el optimismo de los 90. En un principio, se apoyaba el marco unicausal, que consideraba
la delincuencia como un mecanismo básico. Sin embargo, poco a poco se fue
diluyendo esta idea y se acabó trabajando desde un punto de vista multicausal y
multidisciplinar, influido por nuevos avances científicos y teniendo en cuenta
términos como “factores de riesgo” y “factores de protección”, tanto
ambientales como individuales, previamente inconcebibles.
Así y en base a los distintos
estudios revisados, se ha elaborado un perfil genérico de infractores, que
establece que suelen ser menores que:
- Presentan o han presentado un alto grado de absentismo y fracaso escolar.
- Tienen una baja capacidad intelectual.
- Carecen de estímulos educativos y/o socio-afectivos.
- Consumen drogas.
- Están desocupados la mayor parte del día.
- No perciben los límites ni las normas.
- Tienen baja tolerancia a la frustración.
- Tienen baja capacidad resolutoria de problemas.
- Tienen baja autoestima.
- Tienen los sentimientos de autoeficacia mermados.
- Están desmotivados, cuentan con pocos recursos y/o estrategias personales.
Estos
factores de riesgo dependen de la edad, y se consideran un conglomerado
heterogéneo que entrelaza familia, escuela, amigos, consumo de sustancias y
comunidad, entre otras áreas. Por ejemplo, el factor “hogar” es mucho más
influyente entre las edades de 6 a 11 años; sin embargo, el menor se ve más
influenciado por el factor “grupo de amigos” entre los 12 y los 14 años, edad
en la que comienzan a darse fenómenos tales como la presión de grupo (peer pressure). De una manera u otra,
todos los factores se afectan entre sí y han de atenderse con la misma
seriedad.
Además,
estos factores siguen un mecanismo de
retroalimentación que, a medida que funciona, dirige a la persona hacia un comportamiento antisocial y, de
perpetuarse durante la adolescencia, puede derivar en la delincuencia.
Por esto
mismo, se ha confirmado que las intervenciones que incluyen a toda la familia,
y no únicamente al menor, son las más efectivas. La familia es un factor de
protección esencial, y es por ello por lo que en los hogares con núcleos
familiares demasiado grandes suelen ser habituales los casos de reincidencias –
al no tener tanta atención sobre el menor delictivo y verse obligados a
dividirla entre más hijos, es más complicado colaborar en la intervención y ser
un apoyo estable para el menor infractor.
En un
estudio acerca de menores en centros de internamiento en la Comunidad de
Madrid, se validó el inventario para la gestión e intervención con jóvenes
(IGI-J) como instrumento útil para la medición de factores de riesgos estáticos
(no modificables) y dinámicos (cambiables mediante la experiencia) que explican
la conducta delictiva (validez predictiva y alfa de Cronbach: 0.88) y facilitó
el desarrollo de objetivos de intervención educativo-terapéuticos. Han de
tenerse en cuenta este tipo de instrumentos para optimizar las intervenciones a
realizar.
De los
programas de intervención desarrollados en este estudio, los que lograron mejores
porcentajes en cuanto a reducción de reincidencia indicaban que los jóvenes que
cumplen medidas judiciales precisan, sobre todo, nuevas formas de pensar la
realidad y de actuar en ella. Dichos programas ayudan a que el sujeto
desarrolle estrategias más hábiles de resolución de problemas, que disponga de
autocontrol para no responder violentamente ante provocaciones reales o
imaginarias y que sea capaz de relacionarse en contextos laborales, sociales y
escolares para forjar hábitos de adaptación adecuada al entorno sociocultural. Se
ha conseguido alcanzar un paradigma de competencia/intervencionista o
criminológico, que busca resultados mediante esfuerzos bien diseñados y
ejecutados.
El modelo bajo el que se desarrolló
el estudio apoya la idea de que una persona no es algo aislado, sino que vive,
crece y se desarrolla en un contexto interactivo y dinámico, viéndose
influenciado por su proceso de socialización compuesto por la escuela, la
familia, el grupo de amigos y la comunidad (se influyen recíprocamente). Los factores
situacionales deben considerarse junto a los personales para mejorar la predicción
y mejora de las conductas.
En definitiva y en base a las
distintas revisiones de tratamientos, es sabido que cada tratamiento se
fundamenta en algún modelo teórico sobre la conducta delictiva y su
mantenimiento y, cada día más, se enfatiza en que el comportamiento antisocial
juvenil es multifactorial de origen y está muy influenciado por las relaciones
familiares. Por ello, las terapias familiares (como la terapia multisistémica –MTS–, de las más conocidas) son las más
utilizadas. De estas terapias se ha sacado en claro que el tratamiento es más
efectivo cuando se ofrece en el ambiente natural del joven y su familia, así
como cuando incluye la atención a personas significativas del entorno del joven
(amigos, maestros…); además,
las intervenciones tendrían que ser también sensibles y adaptadas a los valores
culturales de los jóvenes y de sus familias.
Pese al número
de investigaciones llevadas a cabo y lo exitosas que han sido las mismas, a día
de hoy sigue sin existir una pedagogía adecuada – persiste la presión social que
busca medidas duras frente a los menores infractores, aunque esté demostrado
que estas conllevan peores resultados que la prevención y la intervención en
busca de una reinserción social. Es por ello por lo que es indispensable que
sigan realizándose intervenciones tales como la que se propondrá en este blog, y
conseguir así que la situación cambie poco a poco, llegando cada vez a más
personas. Ahora bien, resulta esencial que dichas intervenciones sean de carácter
multidireccional y vayan más allá del propio individuo, incluyendo a sectores
de sus alrededores tales como la familia y el colegio, por ejemplo.
De esta manera, se propone elaborar un programa de intervención partiendo de la hipótesis de que la atención sobre los factores de riesgo que afectan a los menores, y la consiguiente disminución y eliminación de los mismos, reducirá la probabilidad de que se cometan nuevos delitos. También lo hará el cuidado sobre los factores de protección que ya existan en el día a día del menor. Se establece el comportamiento delictivo reincidente de los menores como variable dependiente del proyecto, que se verá modificado (preferiblemente, reducido y/o eliminado) mediante las distintas estrategias de intervención que comprende el presente proyecto, que actuarán como variables independientes.